Resumen: Adquisición de participaciones preferentes, posterior canje y venta. Indemnización: en la liquidación de los daños indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Reiteración de doctrina jurisprudencial. Como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones y de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia. Se desestiman los recursos de apelación y se confirma la sentencia de primera instancia, en cuanto que condenó a indemnizar la diferencia entre la cantidad reclamada y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo incluida en un préstamo hipotecario a interés variable originariamente concedido a la promotora y en el que se subrogaron los demandantes cuando compraron la vivienda. En primera instancia se estimó la demanda por no cumplir la citada cláusula los requisitos de inclusión debiendo recalcularse el cuadro de amortización del préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera estado incluida y reintegrar a la actora las cantidades indebidamente percibidas como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula. Recurrida en apelación, se estimó el recurso y se desestimó la demanda al considerar que en un caso se subrogación no se puede exigir a la entidad de crédito el cumplimiento de los requisitos de información y transparencia y los compradores podían haber solicitado a la promotora que les informara sobre las condiciones de la hipoteca. En casación se argumenta que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia relativa a la transparencia de las cláusulas suelo. La sala estima el recurso aplicando doctrina ya fijada en precedentes jurisprudenciales. Inexistencia de oposición al recurso de casación con solicitud de no imposición de costas: imposición de las costas de apelación.
Resumen: Fijadas las cuestiones de interés casacional consistentes en determinar:- si lo dispuesto en el art. 33, aptdos 1, 2 y 3, de la LJCA permite a los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo declarar la nulidad de la totalidad de una disposición general, aún cuando la misma no fuera pretendida por la parte recurrente,- si lo dispuesto en el art. 33, aptdo 3, de la LJCA permite a los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo declarar la nulidad de la totalidad de una disposición general por entender que la motivación misma de la disposición es la que le hace incurrir en vicio de nulidad; responde la Sala que: la facultad concedida a los órganos del orden jurisdiccional contencioso de declarar la nulidad total de una disposición general, tras hacer uso de lo dispuesto en el art. 33 LJCA, es enteramente conforme a derecho, pues no se está decidiendo fuera de "los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición" (aptdo 1), sino que se está ejerciendo por el tribunal la calificación jurídica de la controversia con arreglo a los aptdos 2 y 3 del referido art. 33 LJCA, que es función propia de todo órgano jurisdiccional; y que, en el caso examinado, no es la motivación la determinante de la nulidad declarada, sino las concretas disposiciones de la MP, mas que la motivación o finalidad de una disposición general puede determinar la nulidad de la misma si se aprecia desviación de poder.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Confirma la jurisprudencia según la cual, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. Por lo que para este cálculo a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes durante la vigencia de los productos financieros. En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. La determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor. Al asumir la instancia, se desestima la demanda, y, pues los rendimientos percibidos, sumados a la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, supera la inversión realizada, por lo que no existió perjuicio.
Resumen: Desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo desestimatorio de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, ex art. 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, vinculado por la demandante con la STC 59/17, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, 107.2 y 110.4 del TRLHL. Examinado por la Sala el alcance de la referida declaración de inconstitucionalidad [basándose en lo razonado en STS 9/7/18, rec. 6226/17, donde se declaró que los arts 107.1, 107.2.a) y 110.4, todos ellos del TRLHL, son inconstitucionales y nulos únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor], concluye que no es aplicable al caso examinado, al no haberse acreditado (ni intentado siquiera) la existencia de un decremento en la transmisión de los terrenos desde su adquisición hasta su transmisión, de forma que no procede, por imposición del juicio de aplicabilidad, el planteamiento ante el TC de dudas por la posible inconstitucionalidad del art. 32.4 LRJSP. Desestima el recurso interpuesto: al no concurrir el primer presupuesto para la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, dado que la sentencia firme desestimatoria del recurso contra la actuación que ocasionó el daño fue posterior a la STC 59/17; haberse aquietado la actora con las liquidaciones por el IIVTNU practicadas; y no haber probado la actora el alegado decremento de valor.
Resumen: La cuestión de fondo controvertida es si la demandante, nacida en el Sahara Occidental en 1973, tiene o no la nacionalidad española de origen. En primera instancia se desestimó la demanda sin costas por apreciar serias dudas de derecho. En segunda instancia, se estimó el recurso apelación y se declaró la nacionalidad española de origen de la demandante desde el día de su nacimiento, al quedar acreditado que nació en el Sahara Occidental en 1973, de padres españoles y que carece de nacionalidad alguna. La Dirección General de los Registros y del Notariado interpuso los recurso extraordinario por infracción procesal y casación. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal en el que se alegaba incongruencia extra petita al considerar que no es incongruente la sentencia que, ateniéndose a lo pedido y a la causa de pedir (hechos jurídicamente relevantes que sirven de fundamento a la pretensiones) selecciona una norma no invocada en la demanda. Se estima el recurso de casación ya que se considera que el Sahara Occidental no formaba parte de España a los efectos de la nacionalidad de origen que se reclama; en otras palabras, no son españoles de origen -como nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo nacionalidad- los nacidos en el Sahara Occidental antes de la descolonización. Costas: serias dudas de derecho. Voto particular en el sentido de desestimar el recurso de casación.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que declaró culpable un concurso de acreedores y condenó a los que habían sido administradores a la cobertura del déficit que resultara de las operaciones de liquidación del concurso. La Audiencia rechazó la pretensión de los apelantes de identificar el déficit con la diferencia que había entre el activo y el pasivo al tiempo de la declaración de concurso, determinada en el informe de la administración concursal del art. 74 LC. La sala confirma la interpretación del art. 172 bis LC en la redacción por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, tras un análisis de la evolución normativa sufrida por la regulación de esta responsabilidad concursal. En este sentido, para delimitar qué se entiende por déficit hay que estar a la razón de ser de esa responsabilidad por la generación o agravación de la insolvencia, y esta insolvencia, que determina la apertura del concurso, no es tanto la insuficiencia patrimonial (activo inferior al pasivo), como el estado en que se encuentra «el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles». Esta responsabilidad es de naturaleza resarcitoria y bajo esta lógica, el déficit, en cuanto que impide puedan ser pagados todos los créditos, es el resultado de la insolvencia y quienes hayan contribuido a su generación o agravación, responden de la satisfacción de este perjuicio, mediante la cobertura total o parcial del déficit, en función de su contribución.
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que no acogió una pretensión de responsabilidad civil letrada, derivada de un procedimiento judicial anterior de reclamación de daños, con ocasión de un accidente de circulación. La demanda se fundamentó en el hecho de que la letrada dejó prescribir la acción e interpuso la demanda cuando esa acción ya estaba prescrita, En el recurso de casación se hace supuesto de la cuestión, pues la Audiencia apreció con acierto una alteración de la causa de pedir, ya que la demanda se fundamentó en ese doble error (dejar prescribir la acción e interponer una demanda abocada al fracaso, al estar la acción prescrita). Esta concreta razón de pedir es indebidamente modificada al interponer el recurso de casación, porque lo que se achaca ahora a la demandada es la pérdida de la oportunidad de no haber recurrido la sentencia que declaró prescrita la acción, cuando esta afirmación jurídica nunca constituyó el fundamento de la negligencia profesional imputada. Una cosa es considerar que la acción había sido interpuesta con vulneración de la lex artis, y otra bien distinta no haberla recurrido, en cuyo caso la voluntad del litigante adquiere especial importancia. En cualquier caso, no puede reputarse esta responsabilidad por el hecho de dejar prescribir la acción; esa alegación fáctica no ha resultado probada, de forma que no existiría nexo causal entre su actuación y el daño pretendido.
Resumen: El concepto retributivo de pago por capacidad es un concepto retributivo de carácter complementario o adicional, que puede aplicar el Ministerio de Industria en función de las necesidades de cobertura del suministro de electricidad y la propia evolución del sistema eléctrico. A diferencia del concepto retributivo de la estricta energía ex art. 16.1.a) de la Ley 54/1997 (de carácter necesario), el concepto de pago por capacidad tiene un carácter complementario (se "podrá establecer") y finalista sobre el que la Administración dispone de amplias facultades para modular sus requisitos y modalidades. Se descarta la vulneración del principio de igualdad por la exclusión temporal de las centrales hidráulicas porque la Orden se encuentra debidamente justificada en función de los datos disponibles en el momento en que se dicta y de las circunstancias concurrentes (que apuntaban a una sequía prolongada y la posibilidad de tener que introducir restricciones en el consumo de agua). Esa justificación excluye la vulneración del art. 14 CE pues no se ha aportado un término de comparación idóneo entre centrales hidráulicas y térmicas, teniendo cada tecnología de producción de energía especificidad propia. No es posible reconocer pro futuro a los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica un "derecho inmodificable" a que se mantenga inalterado un determinado marco retributivo, sin que se hayan infringido el art. 9.3 CE o los principios de buena regulación.
Resumen: El TC en su sentencia de 21 de diciembre de 2017 no apreció la inconstitucionalidad de la decisión de hibernación de la instalación "Castor" (artículo 1 del Real Decreto-ley), de extinción de la concesión "Castor" de la que era titular Escal UGS, SL (artículo 2, salvo su apartado 2) y de asignación de la administración de las instalaciones a Enagas Transporte, SAU. Sin embargo, no apreció que concurriera una situación de "extraordinaria y urgente necesidad" en lo que afecta a los apartados del Real Decreto-ley 13/2014 que establecen y regulan la compensación a Escal UGS SL por parte de Enagás Transporte, SAU (art. 4) y el reconocimiento en favor de esta última entidad de unos concretos derechos de cobro frente al sistema gasista (art. 5 y 6). Ello conduce a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts 4 a 6 del Real Decreto-ley 13/2014, declaración que, por conexión, se extiende al art 2.2 y a la disp. adic. 1ª y a la transitoria 1ª ("Plan de costes para el ejercicio 2015"), en la medida en que complementan la regulación establecida en los artículos antes citados. La sentencia del TC incide en el art 5 de la Orden ETU/1283/2017 impugnado que desarrolla el art 6.3 del RDLey 13/2014. De forma que sus determinaciones han quedado privadas de todo respaldo.
